El Lucro en la Educación Escolar. Evidencia y Desafíos Regulatorios

Dante Contreras
Daniel Hojman
Federico Huneeus
Oscar Landerretche
TIPS Trabajo de Investigación en Políticas Públicas
2011
September
Number: 
10

Abstract

 

Existe una evidencia voluminosa, nacional e internacional, que muestra que no existen diferencias significativas entre colegios públicos y colegios privados con o sin fines de lucro en resultados de pruebas estandarizadas una vez que se controla por factores socioeconómicos, efectos de pares y sesgos de selección. Los colegios privados sin fines de lucro, colegios católicos, y colegios con fines de lucro que pertenecen a conglomerados tienen resultados levemente mejores que los colegios con fines de lucro. Si lo anterior refleja economías de escala en la operación de colegios, es viable que en el futuro aumente la concentración de propiedad en la provisión privada.
Por otra parte, la evidencia sugiere que los colegios subvencionados tienden a segregar alumnos más costosos de educar –niños con problemas de aprendizaje, de menor rendimiento, provenientes de hogares de bajo ingreso o mayor riesgo social, apuntando en la dirección contraria a la de la integración social. Estudios recientes para Chile indican que el sistema de vouchers en Chile está asociado con niveles altos de estratificación social; que la educación particular subvencionada –en su mayoría con fines de lucro- presenta mayor estratificación que la educación municipal; y que dichas diferencias podrían asociarse al financiamiento compartido vía discriminación de precios y factores de demanda –como la preferencia por status, percepciones incorrectas de calidad o grupos sociales similares. No existe evidencia sistemática que el lucro haya incentivado la diversidad en la provisión de educación.
La introducción de colegios particular-subvencionados y en particular con fines de lucro parece haber contribuido a expandir la cobertura en el caso chileno. Ahora que la cobertura escolar en Chile es casi completa, este objetivo se diluye. En la medida que los objetivos de calidad, integración social y equidad cobren mayor relevancia pública e induzcan una reducción en los márgenes de los proveedores de educación aparecerán un conjunto de desafíos regulatorios de importancia. El desafío de garantizar acceso equitativo a educación de calidad plantea la conveniencia de diseñar un sistema de concesiones y da pie a un argumento regulatorio para fortalecer la educación pública.